Más de un año después del inicio del empadronamiento biométrico, miles de migrantes siguen en una zona gris. El Estado tiene sus datos, pero no les ha dado un estatus legal. Analizamos el costo social, económico y político de una regularización que no llega.
El dato existe, la solución no
En el último año, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a cabo un esfuerzo logístico sin precedentes: el Empadronamiento Biométrico. El objetivo declarado era simple y lógico: el Estado no puede gestionar lo que no conoce. Se necesitaba identificar a las más de 180.000 personas que ingresaron al país por pasos no habilitados para saber quiénes son, dónde están y cuáles son sus antecedentes.
Sin embargo, meses después de cerrar la etapa masiva de recolección de huellas, fotos y datos, nos enfrentamos a una realidad incómoda. Tenemos una base de datos robusta, pero una nula acción política para procesarla. El empadronamiento se ha convertido en un fin en sí mismo, en lugar de ser el primer paso hacia la regularización o el ordenamiento.
El estancamiento: ¿Por qué no se regulariza?
El gobierno ha mantenido una postura ambivalente. Si bien el empadronamiento fue exitoso técnicamente, la administración no ha dado luz verde a un proceso de regularización masiva (o selectiva). Las razones parecen ser más políticas que técnicas:
- El miedo al «Efecto Llamada»: Existe el temor de que otorgar visas, incluso bajo criterios estrictos, incentive nuevas olas migratorias.
- Clima Electoral: En un año marcado por elecciones (municipales, regionales y la carrera presidencial en el horizonte), ningún sector político quiere ser visto como «blando» en temas migratorios.
- Capacidad Institucional: El SERMIG sigue colapsado, con tiempos de espera para trámites regulares que superan el año.
Las consecuencias de la inacción
La decisión de mantener a cientos de miles de personas «identificadas pero indocumentadas» tiene efectos corrosivos tanto para la población migrante como para la sociedad chilena en su conjunto.
Para la población chilena y el Estado
Mantener la irregularidad es, paradójicamente, una amenaza a la seguridad nacional y económica que se dice proteger.
- Seguridad Pública: Un migrante empadronado pero sin RUT no puede firmar contratos, abrir cuentas bancarias ni arrendar formalmente. Esto lo empuja a la marginalidad, donde es presa fácil del crimen organizado o se ve forzado a operar en la economía sumergida.
- Mercado Laboral Distorsionado: Al no tener permiso de trabajo, el migrante acepta salarios bajo el mínimo y sin cotizaciones. Esto genera una competencia desleal para el trabajador chileno no calificado, presionando los sueldos a la baja.
- Ceguera Fiscal: Son miles de trabajadores que consumen servicios públicos (salud, uso de vías) pero que no pueden contribuir con impuestos a la renta o cotizaciones de salud, simplemente porque el sistema no les deja pagar.
Para la población migrante
La situación actual es de una vulnerabilidad extrema.
- El Limbo Jurídico: Al empadronarse, el migrante entregó sus datos al Estado confiando en una solución. Ahora, el Estado sabe dónde viven, pero no les otorga derechos. Viven con el miedo constante a que esa misma información sea usada para una expulsión, aunque las expulsiones administrativas reales son numéricamente ínfimas.
- Explotación: Sin RUT, el acceso a arriendos dignos es imposible (fomentando el hacinamiento y los «guetos verticales») y la explotación laboral se normaliza.
El uso político de la migración en tiempos electorales
Es imposible analizar este estancamiento sin mirar el calendario electoral. La migración irregular se ha convertido en el «caballito de batalla» de las campañas políticas recientes.
- La retórica de la «Mano Dura»: Candidatos de diversos sectores compiten por quién promete más expulsiones, sabiendo que técnica y presupuestariamente es imposible expulsar a 150.000 personas. Esto desincentiva cualquier política racional de regularización, ya que sería atacada inmediatamente como un «perdonazo».
- El migrante como chivo expiatorio: Se ha instalado una narrativa que vincula directamente migración con delincuencia. Si bien la importación de nuevas tipologías delictuales es una realidad innegable (como el Tren de Aragua), estigmatizar a la masa laboral que busca regularizarse impide separar la paja del trigo.
Dato Clave: La regularización permite a las policías saber exactamente quién es quién. Mantener la irregularidad solo beneficia a quien quiere esconderse de la justicia.
La bomba de tiempo
Chile no puede sostener indefinidamente una población de casi 200.000 personas que existen físicamente pero no legalmente. El empadronamiento biométrico fue una herramienta técnica correcta, pero sin una decisión política de regularización condicionada (basada en antecedentes penales limpios y ofertas de trabajo), esa base de datos quedará obsoleta rápidamente.
La gente se muda, cambia de teléfono, y vuelve a la sombra. Si el gobierno no actúa pronto, habrá desperdiciado millones de dólares y una oportunidad de oro para ordenar la casa, dejando que el problema crezca en la oscuridad hasta las próximas elecciones.
